Conflicto Armado en Perú

La lucha sucedida en Perú fue desde el inicio una lucha de clases por la tierra, donde indígenas sufrían de diversas clases de abuso y represión por las élites.

10-12

AÑOS
Por Gabriela Achury

 

La lucha sucedida en Perú fue desde el inicio una lucha de clases por la tierra, donde indígenas sufrían de diversas clases de abuso y represión por las élites.

La lucha por tierra en este territorio tuvo su inicio en la década de los 70 con el surgimiento de diversos grupos insurgentes como “Sendero Luminoso” y “Movimiento Revolucionario Tupac Amarú”, que luchaban contra la acumulación de la tierra en manos de pocos y la dominación militar, que tuvo el poder de la presidencia como resultado de un Golpe de Estado hasta las elecciones populares de 1979.

 

A pesar de haber “devuelto el poder”, el Ejército continuaba al mando, y declaró en 1980 al grupo Sendero Luminoso como enemigo del Estado, iniciando una lucha que duraría 20 años. Esta lucha creó diversos ambientes de violencia en la población y se dió la creación de zonas de emergencia donde se reemplazaba el poder civil por el militar, dando paso a  diversos abusos de autoridad. En el país también se dió la creación de “rondas campesinas” que eran grupos armados de pobladores que eran obligados a luchar contra los grupos insurgentes.

Durante esta época de terror en Perú la población rural se vio severamente afectada al no respetarse sus derechos y siendo puestos como blanco de varios atentados terroristas, donde miles fueron ejecutados de forma extrajudicial, asesinados y desaparecidos.

Este conflicto armado vio su fin cuando se lograron desmantelar de forma violenta los grupos insurgentes y se forzó la salida del presidente Alberto Fujimori en 1990 como resultado de presiones nacionales e internacionales por la violación de los derechos humanos en el territorio.

Foto: A Fojas Cero

 

Posterior a la salida de Fujimori, el gobierno sustituto creó “La Comisión de la Verdad”, buscando la reparación y justicia en el país con la investigación de las violaciones causadas a los derechos humanos por los grupos insurgentes, entes estatales y paraestatales.